Ha pasado una semana y nadie sabe a ciencia cierta que es lo que sucedió en Bagua. Los rumores indican que las fuerzas del orden perpetraron una masacre, escondieron los cuerpos y se dedicaron, al amparo del toque de queda, a borrar toda huella que pudiera involucrar al Gobierno en un crimen de lesa humanidad.
Desde esa óptica, las cifras de muertos difieren considerablemente con las difundidas por el Gobierno. Hasta el momento la Defensoría del Pueblo ha podido confirmar el fallecimiento de 23 policías, 6 pobladores de Bagua y 4 nativos producto de los terribles enfrentamientos. En cambio, para Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), el Partido Nacionalista Peruano, algunas ONG y los medios de comunicación de la zona, las bajas entre los civiles (en especial nativos) se pueden contar por decenas.
¿Pero cuántos muertos hay realmente? Bueno hay diferentes versiones, pareciera que cada grupo o líder ocasional, manejara una cantidad determinara; sin embargo, hasta ahora no se ha podido corroborar ninguna de esas versiones. Las últimas informaciones proporcionadas por el organismo de derechos humanos APRODEH indican que habría al menos 61 nativos desaparecidos.
Asimismo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en una conferencia de prensa difundida el 9 de junio da cuenta de algunos testimonios que señalan haber visto a helicópteros de la Policía arrojando al río bolsas negras conteniendo cadáveres.
CNDDHH también denunció la falta de garantías que sufren los detenidos y hasta se hablo, durante la conferencia, que algunos de ellos estaban siendo torturados por las fuerzas del orden. Acusaciones graves a las que se sumaron el supuesto acoso y censura por parte del Gobierno a algunas radios locales por informar sobre lo que ‘realmente’ ocurrió en Bagua.
Recordemos que la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, pidió quitarle la autorización funcionamiento a Radio la Voz de Bagua “por azuzar a la población”. Pedido que parece haber sido atendido está semana por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Mientras todo eso ocurría en la selva, en Lima, la bancada Nacionalista realizaba una protesta en el Congreso como respuesta a la suspensión del cuestionado decreto 1090. Aunque en la práctica, como lo señalan los especialistas, la suspensión es una forma sutil de derogatoria, los congresistas opositores, actuando de manera caprichosa y hasta irresponsable decidieron hacer una vigilia en el local del Poder Legislativo. Esto ocasionó una respuesta contundente por parte del presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, quién promovió y consiguió, gracias a los votos de sus coyunturales aliados, la suspensión por 120 días de 7 nacionalistas.
Sin embargo, el tiro les puede salir por la culata a los apristas, porque gracias a su arrogancia y prepotencia, les han regalado una oportunidad magnifica a los nacionalistas de aparecer ante los ojos de la opinión pública, en especial ante los pobladores de la selva, como víctimas de censura y de represión.
La desinformación, tal como si fuera un cáncer, se ha ramificado por todo el país y amenaza con crear nuevos focos de violencia. Por ejemplo, mientras redacto este post, han ocurrido tres tomas de carreteras una en Junín, otra en Cusco y una última en Andahuaylas, como vemos este problema ya dejó hace rato de circunscribirse solo a una zona determinada.
El jueves alrededor de 4 mil personas marcharon por las calles de Lima en apoyo de los nativos, lo mismo sucedía en Puno y en otras partes del país. Casi todos los manifestantes sean capitalinos, provincianos o nativos gritan lo mismo: “la selva no se vende”, “Alan asesino” y “deroguen los decretos”. Sin embargo, si les preguntamos a alguno de ellos si han leído un artículo de las cuestionadas leyes, creo que la respuesta general sería: no, algo que descalifica de lleno el ansiado pedido.
La mayoría se opone a estas normas por alguien les dijo que atentaban contra los derechos de los nativos, pero nadie puede dar fe de eso. Lo que sí es un hecho es que a ellos no se les consultó al momento de promulgarlas, algo que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala.
Por eso es necesario bajar el tono a las declaraciones y dejar de lado los intereses políticos. El país necesita, en estos tiempos de crisis, estabilidad social, y es tarea del Gobierno garantizarla, algo que sacando spot en contra de los nativos no va ha conseguir.
El Presidente y sus Ministros, en especial la Sra. Cabanillas deben asumir su responsabilidad y reconocer que su forma de actuar hasta el momento no permite llegar a la solución del problema. No se puede seguir negando que el operativo policial fue un fracaso, carente de planificación y estrategia. Su postura de mujer dura e implacable con los sectores que la critican demuestra que esta señora no tiene sangre en la cara.
Otra situación que contribuiría a bajar las tensiones es la detención del flujo de información engañosa por parte de ciertos sectores que pareciera no tener la voluntad de apagar el incendio, sino de comenzar un nuevo. No se debe seguir lanzando acusaciones sin fundamento ni decir alegremente tal es la cifra de muertos, eso solo contribuye alimentar odios y a generar reacciones violentas que solo nos conducen a un estado de anarquía total.
Como bien dice Rosa María Palacios, el Estado puede eliminar a los cadáveres, pero no a los deudos y estos hasta ahora no son visibles, por eso es indispensable dejar de continuar envenenado al pueblo hasta que se compruebe fehacientemente que dichas informaciones son verídicas.
El establecimiento de una Comisión de la Verdad, integrada por personalidades independientes sin ninguna relación con el Gobierno o tienda política alguna, sería una medida saludable que permitiría establecer qué sucedió y quiénes son los responsables de lo ocurrido el 5J (como lo llama @uterope).
Desde esa óptica, las cifras de muertos difieren considerablemente con las difundidas por el Gobierno. Hasta el momento la Defensoría del Pueblo ha podido confirmar el fallecimiento de 23 policías, 6 pobladores de Bagua y 4 nativos producto de los terribles enfrentamientos. En cambio, para Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), el Partido Nacionalista Peruano, algunas ONG y los medios de comunicación de la zona, las bajas entre los civiles (en especial nativos) se pueden contar por decenas.
¿Pero cuántos muertos hay realmente? Bueno hay diferentes versiones, pareciera que cada grupo o líder ocasional, manejara una cantidad determinara; sin embargo, hasta ahora no se ha podido corroborar ninguna de esas versiones. Las últimas informaciones proporcionadas por el organismo de derechos humanos APRODEH indican que habría al menos 61 nativos desaparecidos.
Asimismo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en una conferencia de prensa difundida el 9 de junio da cuenta de algunos testimonios que señalan haber visto a helicópteros de la Policía arrojando al río bolsas negras conteniendo cadáveres.
CNDDHH también denunció la falta de garantías que sufren los detenidos y hasta se hablo, durante la conferencia, que algunos de ellos estaban siendo torturados por las fuerzas del orden. Acusaciones graves a las que se sumaron el supuesto acoso y censura por parte del Gobierno a algunas radios locales por informar sobre lo que ‘realmente’ ocurrió en Bagua.
Recordemos que la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, pidió quitarle la autorización funcionamiento a Radio la Voz de Bagua “por azuzar a la población”. Pedido que parece haber sido atendido está semana por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Mientras todo eso ocurría en la selva, en Lima, la bancada Nacionalista realizaba una protesta en el Congreso como respuesta a la suspensión del cuestionado decreto 1090. Aunque en la práctica, como lo señalan los especialistas, la suspensión es una forma sutil de derogatoria, los congresistas opositores, actuando de manera caprichosa y hasta irresponsable decidieron hacer una vigilia en el local del Poder Legislativo. Esto ocasionó una respuesta contundente por parte del presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, quién promovió y consiguió, gracias a los votos de sus coyunturales aliados, la suspensión por 120 días de 7 nacionalistas.
Sin embargo, el tiro les puede salir por la culata a los apristas, porque gracias a su arrogancia y prepotencia, les han regalado una oportunidad magnifica a los nacionalistas de aparecer ante los ojos de la opinión pública, en especial ante los pobladores de la selva, como víctimas de censura y de represión.
La desinformación, tal como si fuera un cáncer, se ha ramificado por todo el país y amenaza con crear nuevos focos de violencia. Por ejemplo, mientras redacto este post, han ocurrido tres tomas de carreteras una en Junín, otra en Cusco y una última en Andahuaylas, como vemos este problema ya dejó hace rato de circunscribirse solo a una zona determinada.
El jueves alrededor de 4 mil personas marcharon por las calles de Lima en apoyo de los nativos, lo mismo sucedía en Puno y en otras partes del país. Casi todos los manifestantes sean capitalinos, provincianos o nativos gritan lo mismo: “la selva no se vende”, “Alan asesino” y “deroguen los decretos”. Sin embargo, si les preguntamos a alguno de ellos si han leído un artículo de las cuestionadas leyes, creo que la respuesta general sería: no, algo que descalifica de lleno el ansiado pedido.
La mayoría se opone a estas normas por alguien les dijo que atentaban contra los derechos de los nativos, pero nadie puede dar fe de eso. Lo que sí es un hecho es que a ellos no se les consultó al momento de promulgarlas, algo que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala.
Por eso es necesario bajar el tono a las declaraciones y dejar de lado los intereses políticos. El país necesita, en estos tiempos de crisis, estabilidad social, y es tarea del Gobierno garantizarla, algo que sacando spot en contra de los nativos no va ha conseguir.
El Presidente y sus Ministros, en especial la Sra. Cabanillas deben asumir su responsabilidad y reconocer que su forma de actuar hasta el momento no permite llegar a la solución del problema. No se puede seguir negando que el operativo policial fue un fracaso, carente de planificación y estrategia. Su postura de mujer dura e implacable con los sectores que la critican demuestra que esta señora no tiene sangre en la cara.
Otra situación que contribuiría a bajar las tensiones es la detención del flujo de información engañosa por parte de ciertos sectores que pareciera no tener la voluntad de apagar el incendio, sino de comenzar un nuevo. No se debe seguir lanzando acusaciones sin fundamento ni decir alegremente tal es la cifra de muertos, eso solo contribuye alimentar odios y a generar reacciones violentas que solo nos conducen a un estado de anarquía total.
Como bien dice Rosa María Palacios, el Estado puede eliminar a los cadáveres, pero no a los deudos y estos hasta ahora no son visibles, por eso es indispensable dejar de continuar envenenado al pueblo hasta que se compruebe fehacientemente que dichas informaciones son verídicas.
El establecimiento de una Comisión de la Verdad, integrada por personalidades independientes sin ninguna relación con el Gobierno o tienda política alguna, sería una medida saludable que permitiría establecer qué sucedió y quiénes son los responsables de lo ocurrido el 5J (como lo llama @uterope).
Hay que dejar que el tiempo pase se calmen las aguas y la verdad fluya porque: “Ella es como una diminuta luz en medio de una gran oscuridad, a pesar de estar en una posición inferior siempre triunfa…”.
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